El Gobierno bonaerense puso en marcha un régimen especial para regularizar obras hidráulicas construidas sin autorización que actualmente se encuentran en funcionamiento y cumplen un rol en el manejo de los excedentes hídricos.

La primera etapa del programa abarcará a los Comités de Cuenca de las subregiones A2, A3 y B3, que incluyen a buena parte de los distritos de la cuarta sección.

La medida fue establecida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el marco del Código de Aguas y apunta principalmente a obras de drenaje secundarias y terciarias ejecutadas durante años por municipios y productores para complementar la red hídrica provincial.

La problemática tiene especial impacto en el noroeste bonaerense, donde las características del terreno hicieron necesaria la construcción de una extensa red artificial para conducir los excedentes de agua.

En ese esquema también cumplen un papel los caminos rurales, que en sectores de la región funcionan como receptores y conductores de excedentes pluviales y requieren terraplenes, alcantarillas y otras obras para garantizar el escurrimiento.

La Provincia explicó que la decisión surgió a partir de planteos realizados por municipios durante las actividades desarrolladas en 2025, luego de los episodios de excesos hídricos que afectaron a distintos sectores del interior bonaerense.

Qué municipios de la cuarta están incluidos

La subregión A2 comprende a Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Carlos Tejedor, 9 de Julio y Bragado.

La A3 incluye a Carlos Casares, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Daireaux, Pehuajó, Bragado y Lincoln.

En tanto, la B3 abarca, entre otros, a Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado, además de distritos de otras secciones.

Tres etapas para ponerlas en regla

El procedimiento tendrá tres etapas. Primero, el municipio deberá presentar la solicitud ante el Comité de Cuenca correspondiente, que deberá emitir una opinión favorable para incorporar la obra al programa.

Luego, la documentación será elevada a la Autoridad del Agua (ADA), que analizará cada caso y podrá emitir el certificado de incorporación.

Finalmente se realizará el análisis técnico y se determinará si la obra puede regularizarse tal como está o necesita modificaciones.

Cuando sean necesarias adecuaciones, deberán ser ejecutadas por el municipio solicitante. La normativa también contempla la posibilidad de crear Consorcios Mixtos de Usuarios de Aguas Públicas, integrados por los municipios y los beneficiarios de las obras.

Además, mientras una obra denunciada como clandestina se encuentre dentro del proceso de regularización, quedará suspendido el procedimiento destinado a declarar su clandestinidad.

El municipio que obtenga la aprobación deberá hacerse cargo posteriormente de la operación y mantenimiento de la obra.

La Provincia plantea que el objetivo es poner en regla infraestructura que ya existe y que puede seguir cumpliendo una función dentro del sistema hídrico, evitando que canales y drenajes que contribuyen al escurrimiento permanezcan indefinidamente en una situación irregular.

El programa comenzará en las subregiones A2, A3 y B3, aunque la resolución prevé extenderlo posteriormente al resto de la Cuenca del Río Salado y a otras cuencas bonaerenses.