El vicepresidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, respaldó la decisión del Gobierno bonaerense de crear un régimen especial para regularizar obras hidráulicas construidas sin autorización que actualmente se encuentran en funcionamiento.

La medida alcanza en su primera etapa a las subregiones A2, A3 y B3 de la Cuenca del Río Salado, que incluyen a varios distritos de la Cuarta Sección, entre ellos Junín, Lincoln, 9 de Julio, Bragado, General Viamonte, General Villegas, Florentino Ameghino, Carlos Tejedor, Carlos Casares, Trenque Lauquen y Pehuajó.

“Como concepto me parece que está bien orientado”, sostuvo Frederking, aunque aclaró que “hay que ver la instrumentación y que eso efectivamente se cumpla”. El dirigente rural valoró especialmente que los municipios tengan un rol dentro del proceso de regularización y a través de los Comités de Cuenca.

“Me parece bueno empezar a involucrar a los municipios, darle participación en el Comité de Cuenca. Son los que están más en contacto directo con los lugares donde se hacen estas obras”, explicó.

En ese sentido, consideró que los canales que cumplen una función positiva dentro del sistema hídrico deberían poder regularizarse.

“Si hay una obra que es útil para la gestión hídrica, me parece que está bien trabajar, siempre y cuando sea positiva para la gestión hídrica”, afirmó.

Sin embargo, Frederking advirtió que el proceso no debería convertirse en una habilitación para que cada productor resuelva de manera individual sus problemas de excedentes.

“No me parece bueno que esto vaya en el concepto del ‘sálvese quien pueda’”, señaló.

Según explicó, existen canales construidos para sacar agua de determinados campos que pueden terminar afectando a otros productores o al funcionamiento general del sistema.

“Hay canales que pasan por cunetas, es una locura. Las cunetas están para lo que dice el camino en sí, para poder tener un espacio para arreglar los caminos”, sostuvo.

Por eso, planteó que en determinados casos debe existir una intervención del Estado para modificar o incluso cerrar las obras que no sean compatibles con una gestión hídrica adecuada.

Cuestionamientos al ADA

Frederking también cuestionó el funcionamiento de la Autoridad del Agua (ADA) y reclamó que exista capacidad técnica para analizar cada caso.

“Hay que ver la instrumentación. El ADA, por falta de personal o por lo que sea, no viene trabajando para nada bien. Han hecho una gestión deficiente”, afirmó.

A su criterio, la regularización puede ser positiva si permite ordenar obras que actualmente funcionan pero no cuentan con autorización.

“Si se va a buscar y se van a hacer las obras correspondientes para que ese canal que no está regularizado quede bien y sea positivo para la gestión hídrica, me parece positivo”, sostuvo.

El dirigente rural también valoró que se agilicen los mecanismos para denunciar canales clandestinos, aunque remarcó que los municipios deberían contar con herramientas para intervenir cuando una obra genere perjuicios.

“Que no sea solo un tema de productores y que el municipio, por ejemplo, en los casos que considere que hay que cerrar los canales clandestinos, tenga una intervención directa”, planteó.

Controles

La discusión adquiere especial relevancia en el noroeste bonaerense, donde durante años se desarrolló una extensa red de canales y obras secundarias y terciarias para complementar el sistema hídrico provincial y donde los caminos rurales también cumplen, en determinados sectores, una función en el escurrimiento de los excedentes.

Para Frederking, el desafío será que la regularización permita ordenar las obras existentes sin habilitar intervenciones individuales que terminen trasladando el problema hacia otros productores o afectando el funcionamiento de la cuenca.