El deterioro de los caminos rurales volvió a quedar en el centro de la agenda productiva bonaerense a partir de un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que puso números a una problemática que desde hace tiempo forma parte de los reclamos de productores y entidades agropecuarias del interior provincial.
El estudio, realizado sobre productores y profesionales del sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado, determinó que el 79% considera que los caminos rurales se encuentran en “malas” o “muy malas” condiciones, mientras que el 75% sostiene que no son transitables durante todo el año.
El impacto no se limita a la circulación. El 68% de los consultados aseguró haber sufrido pérdidas económicas por demoras o directamente por la imposibilidad de retirar la producción de los establecimientos, mientras que el 59% estimó que el deterioro de las trazas genera un incremento superior al 10% en los costos logísticos.

El relevamiento también detectó problemas concretos en la infraestructura: el 68% señaló la presencia de pozos, el 82% identificó deformaciones en las trazas y otro 82% advirtió que la señalización es inexistente o se encuentra deteriorada.
Los números del estudio encuentran un correlato particular en Junín, donde el fuerte reclamo de los productores durante 2025 derivó en un cambio en el esquema de mantenimiento de la red vial rural, que pasó de un modelo municipal a un sistema tercerizado.
El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, había sido uno de los dirigentes que reclamó un cambio profundo ante el deterioro de la red. Durante la transición, incluso planteó que era necesario poner rápidamente en marcha el nuevo esquema para evaluar sus resultados.

A seis meses de la implementación, la propia entidad rural realizó un balance positivo. Guibelalde destacó una mejora sustancial en la transitabilidad y en la planificación de los trabajos, aunque remarcó que se trata de un proceso perfectible y que todavía existe una deuda histórica en materia de infraestructura vial.
La experiencia local fue puesta como referencia recientemente por el presidente de CARBAP, Pablo Ginestet, durante su paso por Junín.
“Son buenas noticias lo que pasa en Junín con el manejo de los caminos rurales, pero no pasa en todos los municipios”, sostuvo el dirigente, quien pidió que la experiencia pueda ser tomada como ejemplo frente a la situación que atraviesan otros distritos bonaerenses.
En la misma línea, Guibelalde valoró el trabajo conjunto entre el Municipio y las entidades rurales y planteó que el sector continuará acompañando el proceso para profundizar las mejoras.
Así, Junín aparece dentro de la discusión regional con una particularidad: el reclamo por el estado de los caminos no desapareció, pero el cambio en el sistema de gestión comenzó a ser valorado positivamente por las entidades rurales.

En 9 de Julio, en cambio, la discusión avanzó hacia una propuesta concreta para modificar el esquema de administración de la red vial.
La Sociedad Rural local, junto a productores de distintos cuarteles, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para crear una Comisión Vial Rural, integrada por representantes de las entidades agropecuarias, productores, la Cámara de Comercio y el Municipio.
La iniciativa plantea que el nuevo organismo administre el 85% de los recursos provenientes de la tasa vial y el 100% de los fondos provinciales destinados al distrito, además de planificar y ejecutar obras vinculadas con los caminos y la infraestructura hidráulica rural.
El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Enriquez, explicó que la propuesta surgió después de varios meses de analizar experiencias de otros municipios y que busca convertir el mantenimiento de los caminos en una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.
El reclamo no es nuevo. Durante la emergencia hídrica que afectó al distrito, productores habían advertido que había establecimientos a los que directamente no podían ingresar ni sacar la producción por el estado de las trazas.

En Carlos Casares, el estado de la red vial rural también viene generando fuertes cuestionamientos del sector productivo.
La problemática volvió a escalar durante este año, cuando la Sociedad Rural expresó su rechazo a un proyecto que planteaba una sobretasa para financiar reparaciones y mantenimiento de los caminos. La entidad sostuvo que la solución no pasa por crear nuevos tributos, sino por mejorar la gestión de los recursos que ya se recaudan y avanzar con las obras estructurales reclamadas desde hace años.
El distrito cuenta con una extensa red rural y el deterioro se agravó en el marco de la crisis hídrica que afectó a buena parte del partido. En 2025, incluso, productores y vecinos protagonizaron movilizaciones para reclamar respuestas por el estado de los caminos.
La discusión también alcanzó el funcionamiento de la tasa vial. En 2025 se planteó la necesidad de revisar el esquema de cobro y su relación con el nivel de prestación, mientras que el Municipio defendió el destino de los recursos y sostuvo que la inversión en la red superaba lo recaudado por la tasa.

En 2026, los reclamos volvieron a aparecer con fuerza. Productores de la zona de Smith realizaron una asamblea para exponer su malestar por el estado de las trazas, mientras que desde el sector también se reclamaron soluciones luego de meses de dificultades vinculadas con las lluvias.
En Bragado, la discusión tiene como escenario una red de aproximadamente 1.300 kilómetros de caminos rurales y un Consorcio Vial cuya eficacia viene siendo cuestionada por productores.
Carlos Gutiérrez y Gervasio Raffo, integrantes históricos del Consorcio, denunciaron problemas de mantenimiento, falta de maquinaria y dificultades en la ejecución de los recursos provenientes de la tasa vial. También reclamaron obras preventivas frente a la posibilidad de nuevas lluvias intensas.

En agosto, Raffo volvió a cuestionar el funcionamiento del organismo y sostuvo que los caminos no están en las condiciones necesarias. Al mismo tiempo, planteó que los productores necesitan tener mayor poder de decisión sobre el destino de los fondos.
“Creemos que la ineficiencia del Gobierno se podría solucionar con una privatización, pero eso no es lo que queremos”, sostuvo, reclamando que los recursos aportados por el sector sean utilizados de manera efectiva para mejorar el servicio.
El debate llegó también al Concejo Deliberante, donde se presentaron propuestas para crear mecanismos de mayor control sobre los fondos y el funcionamiento de la maquinaria vial.
En Lincoln, los cuestionamientos de los productores también estuvieron vinculados al estado de los caminos y al destino de los recursos provenientes de la tasa vial, en una discusión que puso el foco en la necesidad de mayor transparencia y eficiencia en el mantenimiento de la red.

En General Viamonte, la situación se vio agravada durante los períodos de lluvias. El presidente de la Sociedad Rural local, Julio Legnani, había advertido que existían caminos directamente intransitables y zonas rurales donde se dificultaba el acceso a los establecimientos, las escuelas y otros servicios.
El relevamiento de UADE plantea que los caminos rurales no son solamente una infraestructura vinculada con la salida de la producción. También resultan determinantes para el acceso a servicios, la educación, la salud, la seguridad y la conectividad de las comunidades rurales.
En ese sentido, el dato de que siete de cada diez productores estén dispuestos a colaborar con los gobiernos municipales y provinciales para mejorar la red abre también una discusión sobre nuevos mecanismos de gestión público-privada.