La detención del concejal de La Libertad Avanza Germán Díaz, en el marco de una investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes, generó las primeras reacciones políticas en Bragado y abrió una discusión en torno a la situación institucional del edil dentro del Concejo Deliberante.

Desde el propio bloque de La Libertad Avanza, integrado por Daniela Monzón, Paola Alsina, Andrés Drunday y Gabriel Blaiotta, señalaron que la investigación debe continuar exclusivamente en el ámbito de la Justicia, aunque consideraron que la situación de Díaz debe ser analizada institucionalmente por el cuerpo legislativo.

“Cualquier cuestión vinculada a dicha investigación y a la situación personal del concejal debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia”, sostuvieron, al tiempo que aclararon que el bloque no realizará valoraciones sobre su eventual responsabilidad.

En ese sentido, plantearon la necesidad de que el Honorable Concejo Deliberante se reúna para determinar los pasos a seguir de acuerdo con el Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.

“Estamos predispuestos a reunirnos para trabajar con el Cuerpo en analizar la situación y determinar los pasos a seguir que correspondan”, señalaron los concejales libertarios, quienes remarcaron la necesidad de actuar “con responsabilidad institucional” y respetando las garantías y procedimientos establecidos.

Al mismo tiempo, el bloque expresó su “enérgico repudio” a cualquier hecho relacionado con la venta o comercialización de estupefacientes, al considerar que se trata de “un grave flagelo” que afecta a las familias y a la comunidad.

La UCR reclamó una Sesión Especial y pidió avanzar con la destitución

La postura de la Unión Cívica Radical fue más contundente. La Mesa Ejecutiva del Comité de Distrito de Bragado reclamó la suspensión preventiva de Díaz, el inicio del proceso de destitución y la convocatoria urgente a una Sesión Especial del Concejo Deliberante.

Desde el radicalismo remarcaron que la Justicia deberá determinar la eventual responsabilidad penal del concejal, pero diferenciaron esa cuestión de la dimensión institucional que, según plantearon, debe abordar el cuerpo deliberativo.

“La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan. Pero esta situación también tiene una dimensión institucional que el Concejo Deliberante no puede eludir”, señalaron.

En ese sentido, cuestionaron que el presidente del Concejo haya convocado a una reunión para el martes y reclamaron que la convocatoria sea adelantada para este lunes, mediante una Sesión Especial.

Para la UCR, el Concejo debe actuar “con estricto respeto y apego” a la Constitución bonaerense, la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento Interno y los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

“No corresponde prejuzgar ni interferir con la Justicia. Tampoco corresponde que el Concejo Deliberante encubra, minimice, ni mire para otro lado”, sostuvo el radicalismo.

La fuerza opositora también apuntó directamente contra La Libertad Avanza y planteó que el caso representa una oportunidad para que el espacio demuestre, en los hechos, la renovación política que pregona.

“La diferencia no se proclama, sino que se demuestra cuando el problema aparece dentro de la propia casa”, afirmaron.

Mientras avanza la investigación judicial, el escenario político local quedó así atravesado por una discusión que excede la situación personal de Díaz: qué decisión tomará el Concejo Deliberante frente a la detención de uno de sus integrantes y qué mecanismos institucionales corresponde activar ante una causa penal en curso.