La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto impulsado por el vicepresidente primero del cuerpo, Alexis Guerrera, que busca reforzar las herramientas para prevenir, sancionar y combatir actos de discriminación en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por el Senado, actualiza el marco normativo vigente y establece una legislación provincial específica en materia de protección del derecho a la igualdad y la no discriminación.
Durante el debate en el recinto, Guerrera vinculó la propuesta con el actual escenario político y social del país y cuestionó lo que definió como una “bajada política innegable” orientada a naturalizar la discriminación y el señalamiento de determinadas condiciones humanas.
“Sin igualdad real no hay ciudadanía plena, no hay comunidad posible”, sostuvo el dirigente del Frente Renovador al fundamentar el proyecto.
La propuesta amplía los supuestos que pueden ser considerados al momento de evaluar una conducta discriminatoria. Entre ellos incorpora cuestiones como el color de piel o la etnia, el origen nacional y social, la situación migratoria, la lengua o idioma, la edad, el estado civil, la situación o responsabilidad familiar, el trabajo u ocupación, las condiciones de discapacidad o de salud, el perfil genético y la situación o los antecedentes penales. También contempla los hábitos personales, sociales o culturales.
Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con los procesos judiciales vinculados a hechos de discriminación.
La iniciativa establece que quien denuncia deberá acreditar los hechos que plantea, mientras que la parte demandada deberá aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, sobre la conducta cuestionada y su carácter no discriminatorio.
De esta manera, una vez acreditado el hecho denunciado y la pertenencia de quien reclama a un grupo históricamente discriminado, se presumirá la existencia de un acto discriminatorio. Esa presunción podrá ser desvirtuada si la parte demandada demuestra la razonabilidad y legitimidad de la acción u omisión.
El objetivo, según explicó Guerrera, es evitar que las víctimas queden obligadas a probar situaciones que por sus propias características resultan difíciles de acreditar.
“Todos sabemos lo que ocurre hoy con las denuncias por discriminación. Frente a la violación de estos derechos, los organismos competentes suelen tratarlos como derechos de segunda categoría y se archivan porque nadie tiene la obligación específica de investigarlos”, cuestionó.
Para el legislador, ese mecanismo termina generando un círculo de impunidad en el que “el derecho existe en el papel, pero su vulneración queda impune”.
El debate también tuvo una fuerte carga política. Guerrera sostuvo que existe actualmente un sector de la dirigencia que “viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda”.
“Lo dicen en sus redes sin sonrojarse, lo dicen a micrófono abierto sin escuchar que posteriormente se retracten”, afirmó.
En ese marco, el diputado del Frente Renovador sostuvo que la discusión no puede limitarse a una modificación normativa, sino que implica también fijar una posición política frente a determinadas expresiones que, según su mirada, comenzaron a naturalizarse.
“No quiero ser cómplice de esto. Nos puede salir muy caro como sociedad. Lo podemos lamentar por años”, advirtió. Guerrera también apeló a una comparación histórica para dimensionar los riesgos que, según sostuvo, implica aceptar pequeñas expresiones de discriminación.
“Las peores persecuciones o segregaciones empezaron con un mínimo detalle, con una discriminación aceptada, con un silencio complaciente”, afirmó.
En el cierre de su intervención, planteó que la Provincia tiene la posibilidad de enviar una señal política frente a ese escenario. “Estamos frente a una oportunidad histórica”, sostuvo, y agregó: “No me pienso resignar a aceptar que discriminar, señalar al otro o burlarse de las diferencias sean cuestiones destacables”.
El proyecto, que obtuvo la sanción de Diputados, deberá ahora atravesar el Senado bonaerense para convertirse en ley.