La seguridad en los campos y el estado de los caminos rurales vuelven a quedar bajo la lupa en la cuarta sección, dos problemáticas que desde hace tiempo forman parte de los reclamos del sector agropecuario y que ahora también tendrán seguimiento en la Legislatura bonaerense.

A través de dos pedidos de informes, el senador de La Libertad Avanza Gonzalo Cabezas solicitó al gobierno de Axel Kicillof información sobre la capacidad operativa de los Comandos de Prevención Rural y sobre los recursos destinados a la conservación y reparación de los caminos.

En materia de seguridad, la iniciativa busca conocer la cantidad de efectivos asignados a los comandos rurales de cada municipio de la Cuarta sección, los cargos cubiertos y vacantes y la cantidad de vehículos disponibles, diferenciando entre los móviles operativos y aquellos que se encuentran fuera de servicio.

También se solicita información sobre las denuncias registradas durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026 por abigeato, faena clandestina, robo de maquinaria, herramientas, insumos y otros bienes vinculados con la actividad agropecuaria.

El pedido incluye además los operativos preventivos realizados y el nivel de implementación del programa “Tranqueras Seguras”, junto con la cantidad de establecimientos incorporados al sistema.

La preocupación por la seguridad rural se vincula directamente con las características territoriales de la Cuarta, donde las grandes distancias y la dispersión de los establecimientos plantean dificultades adicionales para la prevención y la respuesta ante hechos delictivos.

El segundo eje está puesto en los caminos rurales. El pedido de informes apunta a conocer cuánto se recauda mediante las tasas municipales vinculadas al mantenimiento de la red vial y qué parte de esos recursos fue ejecutada durante el primer semestre de 2026.

También se reclama un detalle de las reparaciones realizadas, los kilómetros intervenidos, la maquinaria utilizada y la planificación prevista para los próximos meses.

El planteo incorpora además una discusión que atraviesa a buena parte de los distritos de la región: la relación entre los recursos que aportan los productores mediante las tasas viales y las condiciones efectivas de transitabilidad de los caminos.

En ese sentido, un relevamiento realizado por UADE, Aapresid, CREA y la Sociedad Rural Argentina mostró que el 79% de los productores consultados calificó la transitabilidad de los caminos como “mala” o “muy mala”. El 68% afirmó haber sufrido perjuicios económicos y el 59% estimó que el deterioro incrementó sus costos logísticos en más de un 10%.

Así, seguridad rural y caminos vuelven a compartir espacio en la agenda de la Cuarta sección, dos cuestiones estrechamente vinculadas con los costos, la logística y las condiciones en las que se desarrolla la actividad agropecuaria en los distritos del interior bonaerense.