El acceso a la tierra se convirtió en el principal foco de tensión de la séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Bragado, donde un proyecto del Ejecutivo para entregar lotes municipales a trabajadores afiliados a distintas organizaciones sindicales terminó rechazado.

La iniciativa planteaba avanzar con convenios para asignar terrenos a familias trabajadoras como parte de una política destinada a facilitar el acceso a la vivienda propia. Sin embargo, durante más de una hora de debate aparecieron diferencias sobre los criterios de selección de los beneficiarios, el alcance del mecanismo y las condiciones de los acuerdos.

Desde La Libertad Avanza, Daniela Monzón cuestionó que la propuesta estuviera dirigida a trabajadores vinculados con determinadas entidades sindicales y planteó qué sucedería con quienes no están afiliados a ninguna organización. También pidió precisiones sobre las condiciones de los convenios y las alternativas de financiamiento.

Fernando Franzoni, del PRO, acompañó las objeciones y consideró que existían aspectos del proyecto que debían ser revisados antes de avanzar con la entrega de los terrenos.

Del otro lado, el oficialismo defendió la herramienta. Pilar Vives, de Fuerza Patria, sostuvo que la problemática habitacional ya había sido abordada en distintas oportunidades por el Concejo y remarcó que el Banco de Tierras no constituye la única alternativa con la que cuenta el Municipio para facilitar el acceso a un lote.

Un empate que terminó en rechazo

La discusión terminó con una votación empatada. Sin embargo, al tratarse de una operación que requería mayoría especial, el proyecto no logró los votos necesarios y quedó rechazado.

El resultado dejó expuesta una discusión que excede los convenios puntuales con las organizaciones sindicales: qué destino darle a la tierra municipal, bajo qué criterios deben asignarse los lotes y hasta dónde debe intervenir el Estado local frente al déficit habitacional.

El debate también mostró las diferencias políticas alrededor de una herramienta que puede convertirse en uno de los temas de mayor impacto social de la agenda municipal: el uso del patrimonio público para generar suelo destinado a vivienda.