El aumento del sobreendeudamiento de los hogares bonaerenses impulsó la presentación de un proyecto de ley que busca darle a la Defensoría del Pueblo de la Provincia un rol activo en la negociación y reestructuración de deudas.

La iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli, propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, que contempla asistencia gratuita y una instancia prejudicial obligatoria antes de que los conflictos derivados de las deudas lleguen a la Justicia.

El mecanismo estaría a cargo de la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, y permitiría abordar de manera integral la situación financiera de cada persona, en lugar de negociar individualmente con cada acreedor.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, sostuvo Lorenzino.

El proyecto contempla que la Defensoría pueda coordinar negociaciones entre consumidores y acreedores para alcanzar acuerdos compatibles con la capacidad económica real de cada persona y su grupo familiar.

Una negociación integral

Uno de los puntos centrales de la propuesta es evitar que el deudor tenga que resolver sus obligaciones de manera aislada. La situación económica debería analizarse en forma integral, de modo que un acuerdo con uno de los acreedores no termine haciendo imposible afrontar las restantes deudas.

Los acreedores, a su vez, estarían obligados a participar y colaborar en el proceso. La propuesta considera incumplimientos la incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos y las maniobras destinadas a dilatar la negociación.

El régimen también busca evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y otros cargos, además de establecer condiciones de cobranza dignas, transparentes y sin prácticas abusivas.

“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas”, señaló Tignanelli.

El legislador vinculó la iniciativa con el escenario económico actual y sostuvo que el nivel de endeudamiento requiere nuevas herramientas estatales para asistir a quienes quedaron atrapados en compromisos financieros que ya no pueden afrontar.

Entre los objetivos del proyecto figuran también preservar condiciones razonables de subsistencia para las personas endeudadas y sus familias, facilitar la regularización de las obligaciones, reducir la judicialización y, al mismo tiempo, favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las deudas.

De convertirse en ley, la intervención de la Defensoría funcionaría como una instancia previa y obligatoria a la vía judicial, con el objetivo de que consumidores y acreedores puedan alcanzar acuerdos antes de llegar a un proceso judicial.