“Que Milei cumpla la ley” es el planteo que sintetiza el reclamo de la Asociación de Trabajadores NoDocentes de la UNNOBA (ATUNNOBA), que este martes 8 de septiembre se sumará al paro universitario nacional convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y FATUN.
La medida será de 24 horas y se realizará sin concurrencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional.
Entre los principales reclamos se encuentran una recomposición salarial para recuperar lo perdido frente a la inflación, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano y un presupuesto que permita garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.
El secretario general de ATUNNOBA, Jorge Mendoza, cuestionó especialmente la falta de cumplimiento de la normativa de financiamiento universitario.
“Se nota una desidia del Gobierno nacional para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue votada en octubre de 2025”, sostuvo.
Mendoza señaló que el paro forma parte de un plan de lucha que continúa luego de distintas actividades impulsadas por el Frente Sindical Interuniversitario, entre ellas una reunión con rectores de universidades nacionales.
“Continuamos el plan de lucha tras la reunión del Frente Sindical Interuniversitario. Se nota una desidia del Gobierno nacional para no cumplir con la ley. Continuaremos en unidad toda la comunidad universitaria, solicitando que se cumpla y aplique”, afirmó.
La medida de este martes será seguida por nuevas acciones durante septiembre.
El martes 15 está prevista una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 se realizará un acto en el Palacio Pizzurno, en el marco de la convocatoria a paritaria docente y nodocente.
Desde ATUNNOBA remarcaron que continuarán acompañando las acciones definidas por el frente sindical universitario, con el reclamo salarial y presupuestario y la exigencia de que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario como principales ejes del conflicto.