El Concejo Deliberante de Junín aprobó de manera definitiva la creación del Procedimiento Municipal de Protección, Asistencia, Saneamiento y Reestructuración de Deudas, una herramienta que brindará asistencia administrativa y legal gratuita a las familias afectadas por el sobreendeudamiento.

La iniciativa fue impulsada por la concejal de Fuerza Patria Maia Leiva, una de sus autoras, y busca dar una respuesta concreta desde el Estado municipal frente a una situación que golpea cada vez a más hogares.

“Discutimos un problema que atraviesa a muchas familias de Junín y de todo el país, y que tiene un responsable directo: el modelo de ajuste económico de Javier Milei. Hay familias que usan la tarjeta para comprar alimentos, piden un préstamo para pagar la luz o toman una deuda nueva para cancelar la anterior”, sostuvo Leiva.

La concejal advirtió que, ante el crecimiento sostenido de la mora, el crédito dejó de ser una herramienta de progreso y se convirtió, para muchas familias, en un recurso de supervivencia cotidiana.

Una respuesta concreta desde el municipio

Con la sanción de la ordenanza, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) tendrá a su cargo los procedimientos destinados a proteger y acompañar a los vecinos afectados.

● Evaluación en 72 horas. Se analizará la situación crediticia de cada persona y se convocará a las entidades financieras para transparentar el origen y el monto real de las deudas.

● Planes de reestructuración. Se promoverán acuerdos conciliatorios con cuotas acordes a la capacidad real de pago, reducción de intereses punitorios y consolidación de saldos.

● Freno al acoso y la persecución. Se prohíben las llamadas fuera del horario de 9 a 20, las comunicaciones en días inhábiles, las amenazas laborales y las notificaciones a familiares o allegados.

● Crédito responsable. Se exige mayor transparencia a las entidades crediticias y se establece una protección prioritaria para los sectores hipervulnerables.

“Esta ordenanza no borra las deudas ni promete soluciones mágicas. Establece reglas y crea un marco de acompañamiento para que ningún vecino tenga que enfrentar solo una situación angustiante. Cuando el mercado convierte las necesidades básicas en deuda, el Estado municipal debe transformar la desprotección en una respuesta concreta”, sintetizó Leiva tras la aprobación.