Un nuevo caso de amenazas realizadas desde el interior de la Unidad Penitenciaria N°16 de Junín volvió a poner en discusión el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. A partir de este episodio, el senador provincial Pablo Petrecca reclamó el tratamiento de un proyecto de ley de su autoría que busca regular las comunicaciones dentro de las cárceles bonaerenses.
“Hace 164 días que nuestro proyecto duerme en el Senado. Mientras tanto, Kicillof mira para otro lado y los bonaerenses siguen sufriendo”, cuestionó el legislador.
Petrecca también apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que el uso de celulares en las unidades penitenciarias constituye una problemática que, según afirmó, afecta cada vez a más vecinos.
“Hace 164 días presentamos en el Senado bonaerense un proyecto para ordenar y controlar el uso de celulares en las cárceles. Hoy, el proyecto duerme en el Senado mientras el gobernador sigue sin tomar una decisión para solucionar este problema”, señaló.
La iniciativa impulsada por Petrecca plantea modificar el esquema vigente de comunicaciones para las personas privadas de la libertad y crear un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS).
Según la propuesta, se trataría de una plataforma cerrada que permitiría mantener comunicaciones únicamente con contactos previamente registrados y verificados. El esquema contempla excluir el acceso abierto a internet, redes sociales y otras herramientas digitales que no estén autorizadas.
El proyecto sostiene que el actual sistema de comunicaciones se encuentra vinculado a un protocolo de emergencia sanitaria implementado durante la pandemia en 2020 y plantea establecer un marco específico para regular las comunicaciones desde las unidades penitenciarias.
El reclamo de Petrecca surgió luego de un operativo realizado en las últimas horas en la Unidad Penitenciaria N°16 de Junín, a partir de una investigación iniciada por la denuncia de un vecino que recibió mensajes de audio con amenazas a través de WhatsApp.
La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N°6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, realizó un allanamiento en uno de los pabellones del penal y secuestró un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las amenazas desde el interior de la unidad.
El hecho volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del control de las comunicaciones de los internos y el eventual uso de teléfonos para concretar amenazas, estafas, extorsiones u otros delitos.
En ese contexto, Petrecca insistió con el tratamiento de su iniciativa y sostuvo que se necesita establecer un mecanismo que permita garantizar el contacto de los internos con el exterior, pero bajo controles y supervisión estatal.