El Gobierno nacional logró avanzar en el Senado con el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, una medida que podría traducirse en un aumento del costo del gas para miles de usuarios del interior bonaerense.

El proyecto obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. 

La reforma busca limitar el régimen general de subsidios a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para las zonas incorporadas a partir de la ampliación de 2021, como buena parte del interior bonaerense, el beneficio quedaría focalizado en hogares que acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. 

El impacto en la Cuarta

En la región, el alcance de la medida es significativo. Los últimos datos disponibles de ENARGAS utilizados para dimensionar el impacto contabilizan 171.362 usuarios de la Cuarta Sección dentro del régimen.

Los distritos con mayor cantidad son Junín, con 28.480 usuarios; Chivilcoy, 21.540; Trenque Lauquen, 15.652; Nueve de Julio, 14.204; Chacabuco, 13.051; Bragado, 12.807; Pehuajó, 12.657 y Lincoln, 12.609. 

También están incluidos Alberti, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem y Rivadavia, entre otros distritos de la sección. 

El régimen vigente contempla descuentos de entre el 30% y el 50% sobre el componente correspondiente de la factura, según el tipo de usuario y la normativa aplicable. Con el nuevo esquema, quienes queden fuera del beneficio general deberían afrontar un mayor costo, aunque el impacto final dependerá de la categoría y situación particular de cada hogar. 

Un problema que también llega a los municipios

Para los municipios de la Cuarta, el debate no pasa por una pérdida directa de coparticipación o de recursos municipales, sino por el impacto social que puede generar una mayor presión sobre los hogares.

En una región donde las administraciones locales ya vienen enfrentando mayores dificultades para sostener sus cuentas por la evolución de los recursos y el aumento de los costos, una suba de los servicios esenciales puede trasladarse a la demanda sobre las áreas municipales de Desarrollo Social, asistencia y atención al vecino.

Es un aspecto que ya había aparecido en el debate regional cuando se comenzó a discutir la eliminación del beneficio. En distintos distritos de la Cuarta hubo pronunciamientos de Concejos Deliberantes y reclamos institucionales frente a la posibilidad de perder el esquema vigente. Bragado, por ejemplo, impulsó desde la OMIC una campaña de firmas, mientras que en Junín, Lincoln, Trenque Lauquen y Chacabuco, entre otros municipios, se expresaron reparos frente a la modificación. 

El dato adquiere mayor relevancia porque la discusión se produce después de varios meses en los que los municipios de la región vienen siguiendo de cerca la evolución de la coparticipación y de los fondos provinciales. En ese escenario, cualquier aumento de los costos básicos de los vecinos puede convertirse también en una nueva demanda sobre las estructuras locales.

La discusión nacional

Desde el Gobierno nacional defienden la modificación con el argumento de que los subsidios deben concentrarse en los hogares que realmente los necesitan. Durante el debate en el Senado, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, sostuvo que no deberían existir subsidios generalizados y que el esquema debe focalizarse en quienes tienen dificultades para afrontar las facturas. 

Desde sectores opositores y representantes de provincias alcanzadas por el régimen, en cambio, cuestionaron el impacto que tendría la eliminación del beneficio generalizado. El proyecto establece que en las zonas incorporadas en 2021 podrán acceder al subsidio quienes cumplan determinados criterios socioeconómicos. 

El Gobierno estima que la modificación permitiría reducir el gasto destinado al esquema en unos $272.000 millones, mientras que distintas estimaciones advierten que la medida alcanzaría a más de un millón de usuarios a nivel nacional.