El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, presentó junto al secretario de Obras Públicas, Eduardo Alonso, y el secretario de Gobierno, Ezequiel Pinotti, los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre el futuro del Complejo Federación.

El Municipio había elevado dos consultas al organismo provincial: la validez de la adenda propuesta para modificar el contrato original y permitir la continuidad de la obra, y la cantidad de votos necesarios en el Concejo Deliberante para aprobarla.

Según explicó Britos, el Tribunal de Cuentas avaló la modalidad planteada para completar el complejo habitacional, una obra que lleva décadas inconclusa y que presenta, de acuerdo con la documentación analizada, un faltante de ejecución física del 38%, además de los deterioros provocados por los años de paralización.

La adenda modifica el esquema de financiamiento y pago establecido en el contrato original de 2011. La propuesta contempla que la empresa contratista asuma el financiamiento y la construcción pendiente y reciba como contraprestación un porcentaje de las unidades.

Britos sostuvo que esta alternativa permitiría completar los trabajos sin que el Municipio tenga que aportar fondos propios, ante la falta de financiamiento nacional.

De acuerdo con lo informado por el intendente, el Tribunal de Cuentas consideró válida la modificación contractual al entender que apunta a garantizar la finalización de la obra y responde al interés público, sin implicar una ventaja indebida para la empresa.

Además, Britos señaló que la firma deberá hacerse cargo de las tareas de reparación, remediación y puesta en valor que sean necesarias como consecuencia de los años de paralización.

Diez votos para aprobar la adenda

Uno de los puntos que el Ejecutivo buscó despejar estaba relacionado con la mayoría necesaria para que el Concejo Deliberante apruebe la modificación contractual.

Britos recordó que durante el debate habían surgido interpretaciones según las cuales eran necesarios los dos tercios del cuerpo.

Sin embargo, según el dictamen presentado por el Municipio, el Tribunal de Cuentas analizó el artículo 55 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y determinó que, sobre los 18 integrantes del Concejo, se necesitan 10 votos afirmativos. “Lo que hacen falta son nueve concejales más uno”, explicó Britos.

El intendente también aclaró que, en este caso, el presidente del Concejo Deliberante no puede utilizar su voto para desempatar la aprobación de la ordenanza.

Qué plantea el acuerdo

Britos enumeró los principales argumentos del Ejecutivo para avanzar con la adenda.

En primer lugar, sostuvo que el Municipio evita afrontar el costo de finalizar la obra. En segundo término, señaló que el acuerdo permitiría incorporar 92 departamentos que no podrían obtenerse si el complejo permanece inconcluso.

Finalmente, planteó que la alternativa permitiría avanzar con la finalización de una obra que lleva décadas paralizada y evitar un eventual conflicto judicial con la empresa.

El intendente afirmó además que la firma Sentra mantiene un reclamo económico por la situación contractual y advirtió que, si el proyecto no avanza, podría iniciar acciones para reclamar lo que considera adeudado.

La situación de los antiguos adquirentes

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la situación de quienes habían adquirido unidades del complejo en etapas anteriores.

Britos rechazó la posibilidad de que el Municipio pueda realizar actualmente una devolución en efectivo equivalente al 20% de lo abonado originalmente.

“No hay ninguna posibilidad de que el municipio devuelva dinero en efectivo”, sostuvo.

El intendente explicó que los fondos abonados originalmente no fueron percibidos por el Municipio sino por la Liga Chivilcoyana de Fútbol y recordó los procesos judiciales vinculados con el complejo.

Según planteó, cualquier eventual reconocimiento de derechos económicos a los antiguos adquirentes debería analizarse una vez que la obra esté terminada.

Britos también sostuvo que reconocer actualmente mediante una ordenanza una obligación que considera prescripta podría generar nuevas obligaciones para el Municipio.

La documentación que recibió el Concejo

Por su parte, Pinotti explicó que el Ejecutivo decidió brindar públicamente detalles sobre el expediente debido a la sensibilidad que genera el Complejo Federación.

El funcionario sostuvo que los concejales tuvieron acceso a la documentación y mantuvieron reuniones con integrantes del Ejecutivo y representantes de la empresa.

También señaló que existe un espacio compartido con los ediles en el que se incorporaron más de 60 archivos, entre ellos la adenda, el contrato original de 2011, convenios y rescisiones posteriores, la escritura de donación con cargo a la Liga Chivilcoyana de Fútbol, planos y documentación técnica.

Pinotti afirmó que, con las respuestas del Tribunal de Cuentas, los concejales cuentan con los elementos para tomar una decisión.

Ahora, la definición queda en manos del Concejo Deliberante, que deberá resolver si aprueba la adenda con la mayoría de 10 votos que, según el dictamen presentado por el Ejecutivo, establece el Tribunal de Cuentas.