Hay una idea de Eugenio Raúl Zaffaroni que sirve para entender el problema del excesivo punitivismo y de aquellos que reclaman penas más duras o que los pibes vayan presos desde los 10 años, si fuera necesario.

En una entrevista, el exmagistrado afirmaba que: “Un tipo penal es como un arma cargada, nunca se sabe contra quién se va a descargar”, y que, si se dimensionaran las consecuencias de su alcance y se comprendiera que quien reclama una mayor amplitud del poder punitivo también puede quedar atrapado, indudablemente no se lo reclamaría.

Cada vez que ampliamos el universo de conductas alcanzadas por el derecho penal, cada vez que aumentamos penas o adelantamos la edad a partir de la cual el Estado puede ejercer su poder punitivo, tomamos una decisión que tiene una contracara inevitable: ampliamos el poder del Estado sobre las personas y reducimos el espacio en el que ese poder no puede intervenir. Y hay algo particularmente curioso en la demanda de mayor punitivismo: casi siempre reclamamos ese poder pensando que será utilizado contra otro.

En el caso de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil, esperada y celebrada por algunos sectores por lo que se cree que va a lograr contener y penar respecto de aquellos sectores de la sociedad clásicamente asociados con la delincuencia juvenil, esto se ve potenciado por un imaginario político y mediático construido y dirigido alrededor de una figura determinada: el adolescente en situación de vulnerabilidad asociado al delito callejero, fundamentalmente contra la propiedad.

El “pibe chorro”, “el que sale de caño”, el que roba una moto, un celular, unas zapatillas. Aquel al que una parte de la sociedad está dispuesta a entregar al sistema penal a una edad cada vez más temprana. Pero las leyes no llevan nombre y apellido, tampoco preguntan cuánto ganan los padres antes de aplicarse.

Entonces aparece una paradoja: la sociedad pidió ampliar el poder punitivo pensando que ese poder iba dirigido hacia “otros”, pero la ampliación de la punibilidad no distingue clase social.

Un chico de 14 o 15 años de sectores medios o altos también puede realizar conductas penalmente típicas que, hasta ayer, por su edad, no producían una respuesta penal.

Y no estoy pensando necesariamente en el robo; pienso en una pelea dentro del colegio con un compañero que provoca lesiones, una amenaza por WhatsApp que excede una discusión adolescente, acceder a una cuenta de redes sociales cuya sesión quedó abierta en un dispositivo, utilizar inteligencia artificial para poner la cara de una compañera en un contenido sexual y después hacerlo circular. Esto es solo por mencionar algunos casos. Conductas que socialmente se administraban como conflictos escolares, familiares o comunitarios, cuando reúnen los elementos de un delito, pueden abrir la puerta a una intervención penal.

El conflicto penal juvenil hoy ya no se ubica necesariamente en una esquina, con una moto y un arma; también puede tener fibra óptica y una PC gamer.

Entonces, el arma que la sociedad tanto clamó por tener cargada y lista para apuntar empieza a resultar un poco menos simpática, porque el adolescente al que se mira ahora con desprecio quizás no sea esta vez aquel para quien se reclamaba el castigo y contra quien se estaba dispuesto a disparar.