La modificación del régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente de discusión política en la cuarta sección, donde distintos dirigentes de La Libertad Avanza salieron a defender la decisión del Gobierno nacional y a explicar el alcance del nuevo esquema de subsidios.

El Congreso aprobó en mayo la modificación del régimen y el Senado la convirtió en ley en septiembre. La reforma reduce el alcance del beneficio que había sido ampliado en 2021 y establece un esquema en el que la asistencia energética queda concentrada en los hogares considerados vulnerables.

En la región, el argumento central de LLA es que no se eliminan los subsidios para todos los usuarios, sino que se modifica el criterio de acceso. La explicación fue utilizada particularmente por dirigentes libertarios de Bragado y por el concejal de Junín Diego Cristina.

“El que necesita el subsidio lo va a tener”

Diego Cristina (Junín) defendió el cambio durante una entrevista y sostuvo que el régimen anterior había dejado de ser sostenible. “El sistema, como estaba, ya no era sustentable”, planteó el concejal de LLA, quien cuestionó además que la ampliación de 2021 hubiera incorporado a regiones que, según la mirada del oficialismo, no respondían a los criterios climáticos utilizados originalmente para definir una zona fría.

Su planteo fue que el Estado debe pasar de un beneficio asociado principalmente al territorio a un esquema que tenga en cuenta las condiciones económicas de cada hogar. “El que necesita el subsidio lo va a tener”, sostuvo Cristina.

El argumento coincide con la explicación oficial que acompañó la reforma: en las localidades incorporadas al régimen en 2021, el descuento queda vinculado al nuevo esquema de subsidios y alcanza a los usuarios considerados vulnerables.

El mismo mensaje en Bragado

En Bragado, La Libertad Avanza también salió a defender la modificación ante las críticas locales que advertían por el impacto que podía tener sobre los usuarios.

La concejal libertaria Paola Alsina había cuestionado en junio las proyecciones sobre el impacto de la reforma y sostuvo que se estaba generando preocupación sobre una medida que todavía se encontraba en discusión.

Posteriormente, el espacio local difundió material explicativo para remarcar que el cambio no implicaba eliminar todos los subsidios, sino avanzar hacia una focalización de la asistencia.

El planteo fue reiterado en septiembre, cuando LLA Bragado volvió a difundir información sobre el nuevo sistema y sostuvo que el beneficio se mantendrá para quienes más lo necesitan.

De esta manera, el discurso libertario en la Cuarta busca correr la discusión de la idea de una eliminación absoluta del subsidio y llevarla hacia quiénes deben recibir asistencia del Estado y bajo qué criterios.

La comunicación, uno de los puntos débiles que admiten

En Junín, Cristina reconoció además que puede existir un problema político alrededor de la explicación de la medida.

Consultado por la preocupación que genera entre los usuarios la posibilidad de recibir facturas más elevadas, admitió que “por ahí no hubo información clara” y consideró que el Gobierno nacional debería explicar con mayor precisión cómo funcionará el nuevo esquema.

El reconocimiento aparece en un contexto en el que la reforma generó fuertes cuestionamientos de intendentes y dirigentes opositores de la Cuarta, que advierten por el impacto sobre las economías familiares.

Los seis intendentes de la región referenciados en el Movimiento Derecho al Futuro —Leandro N. Alem, Carlos Casares, Alberti, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor y Bragado— expresaron públicamente su rechazo a la eliminación del régimen.

Así, mientras el peronismo bonaerense pone el foco en el aumento que podría representar para los hogares, LLA intenta instalar otra lectura: que el problema no es subsidiar, sino definir correctamente a quién subsidiar.

Una discusión que ahora pasa por el bolsillo

La cuestión tendrá una instancia concreta en los próximos meses, cuando comience a observarse el impacto del nuevo régimen sobre las facturas de los usuarios de la región.

El oficialismo nacional había defendido la reforma argumentando que la ampliación de 2021 había extendido el beneficio a sectores que no necesariamente necesitaban asistencia y que el esquema tenía un costo fiscal elevado. El proyecto aprobado en Diputados contó con 132 votos afirmativos contra 105 negativos y cuatro abstenciones.

En el Senado, la iniciativa fue finalmente aprobada con 38 votos a favor y 8 en contra. Los senadores de La Libertad Avanza votaron a favor de la modificación.

Para los libertarios de la cuarta, el desafío ahora pasa por explicar el nuevo esquema antes de que el impacto tarifario termine convirtiéndose en el eje excluyente de la discusión política en los municipios.

En ese sentido, las declaraciones de Cristina y los posicionamientos de LLA Bragado muestran una estrategia similar: defender la focalización de los subsidios, cuestionar el esquema ampliado en 2021 y sostener que la asistencia estatal debe concentrarse en los hogares que realmente la necesitan.