La Cámara de Diputados bonaerense salió a responder al juez de Garantías Guillermo Atencio, quien había formulado una denuncia vinculada al archivo de expedientes de la Legislatura, y rechazó que el cuerpo haya buscado obstaculizar una investigación judicial.

A través de un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y los presidentes de todos los bloques, la Legislatura sostuvo que el archivo estaba contemplado en su reglamento desde 2002 y que fue aprobado por más de dos tercios del cuerpo el 28 de mayo de 2026, antes del requerimiento judicial que ingresó el 19 de agosto.

Uno de los principales argumentos es que, según la documentación analizada por la Cámara, las actuaciones cuestionadas no correspondían a la causa contra Julio Rigau, sino a otro expediente, vinculado a una denuncia por hurto contra María Eugenia Rodríguez.

La Legislatura también remarcó que en la causa Rigau sí aportó información requerida por la Justicia y sostuvo que esa investigación avanzó hasta la elevación a juicio.

En otro tramo, las autoridades defendieron el alcance de las garantías constitucionales de los legisladores y cuestionaron que puedan ser perseguidos penalmente por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, invocaron el artículo 96 de la Constitución bonaerense.

El comunicado también planteó una discusión institucional más amplia: la división de poderes y los límites del control entre la Justicia y el Poder Legislativo. La Cámara sostuvo que ningún poder debe utilizar sus facultades para condicionar el funcionamiento de otro, aunque también remarcó que esas herramientas no pueden servir para impedir investigaciones judiciales.

La respuesta lleva las firmas del presidente de la Cámara, Enrique Dichiara, el vicepresidente Alexis Guerrera, los vicepresidentes y los titulares de todos los bloques que integran el cuerpo.