La decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había frenado la derogación de la Ley 26.737 volvió a poner en agenda la discusión por la extranjerización de tierras y abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y el peronismo.
El PJ de Junín se posicionó en ese escenario en línea con el planteo que viene sosteniendo el Partido Justicialista a nivel nacional, que considera que la eliminación de las restricciones sobre la propiedad extranjera puede afectar el control argentino sobre el territorio.
La discusión tiene un antecedente reciente en la ciudad. En agosto, organizaciones políticas, sindicales y sociales realizaron una movilización en Junín contra el proyecto que buscaba eliminar los límites establecidos por la Ley 26.737.
La norma, sancionada en 2011, establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y contempla restricciones adicionales vinculadas con nacionalidad, extensión y determinadas zonas consideradas estratégicas.
El PJ nacional había planteado entonces que “la tierra argentina para los argentinos”, cuestionando el argumento oficial de que la eliminación de las restricciones permitiría atraer inversiones. Desde el peronismo sostuvieron que la discusión no se limita a la llegada de capitales, sino que involucra la titularidad y el control de tierras consideradas estratégicas.