Ante el marcado incremento del déficit habitacional y el fuerte impacto que representan los contratos de locación sobre el presupuesto familiar, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para crear un marco de Alquiler Social dirigido a los sectores de menores ingresos.

El presidente del Colegio de Martilleros del Departamento Judicial Junín, Daniel Di Palma, repasó los ejes centrales de la propuesta y los datos estadísticos que fundamentan la necesidad de una intervención legislativa acordada con el sector privado.

Diagnóstico con respaldo de la UNNOBA: de 20% a 50% de inquilinos

Di Palma destacó que el proyecto es fruto de un trabajo de investigación continuo de tres años coordinado entre el Colegio de Martilleros provincial y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

"En los últimos 20 años, la falta de crédito hipotecario sostenido hizo que el porcentaje de hogares inquilinos en la Provincia pasara de casi un 20% a un rango que se sitúa entre el 30% y el 50% según el aglomerado urbano. A esto se suma que la suma del alquiler más las tarifas de servicios públicos pasó de representar el 30% del ingreso familiar a insumir entre el 55% y el 60% en la actualidad", fundamentó el profesional.

Reducción de costos del Estado y beneficios a propietarios

Al explicar la mecánica del Alquiler Social, Di Palma aclaró que la propuesta no busca imponer condiciones confiscatorias a los propietarios, sino alivianar los costos estatales y operativos que encarecen la firma de los contratos.

Entre las medidas contempladas en el proyecto se destacan:

Precios de referencia segmentados: Se propone tomar como parámetro locativo base el valor equivalente a la Categoría 20 del empleado público provincial (estimado entre $380.000 y $500.000 según la zona y metros cuadrados)..

Quita de cargas y sellados: Exención de impuestos de sellos, visados, certificaciones y costos de reconexión o alta de servicios públicos.

Incentivos fiscales para arrendadores: Exenciones en tasas municipales e impuestos provinciales para aquellos propietarios que pongan sus inmuebles a disposición dentro del programa de alquiler social.

Honorarios profesionales: Mecanismos para que el costo de intermediación inmobiliaria quede a cargo del locador o con esquemas promocionales.

Expectativa en la Legislatura provincial

Respecto al trámite parlamentario de la iniciativa, Di Palma reconoció que el proyecto deberá atravesar el debate en diversas comisiones de la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia, aunque remarcó el valor del respaldo académico y técnico con el que cuenta la propuesta.

"Estamos aportando el conocimiento de nuestra profesión y la estadística de una institución académica como la UNNOBA. Es una herramienta concreta para responder a un problema social grave sin desincentivar la oferta inmobiliaria", concluyó el titular del Colegio de Martilleros en declaraciones formuladas a Canal 10 de Junín.