La concejal de la UCR Orlanda D’Andrea presentó en el Concejo Deliberante de Junín un proyecto de comunicación para que el Municipio evalúe la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales contra la modificación del régimen de Zona Fría, que reduce el alcance del beneficio en distintas localidades bonaerenses, entre ellas Junín.

La iniciativa plantea que el Ejecutivo Municipal, a través de sus áreas jurídicas y técnicas, analice la presentación de acciones de inconstitucionalidad, amparos y medidas cautelares que correspondan para defender a los usuarios de gas del distrito.

Sostiene que la modificación del régimen puede afectar a miles de hogares juninenses que durante los últimos años accedieron a una tarifa diferencial para afrontar el consumo de gas durante los meses de bajas temperaturas.

El proyecto también requiere que, en caso de avanzar con una presentación, el Municipio incorpore información específica sobre las condiciones climáticas, sociales y económicas de Junín para fundamentar el impacto de la medida sobre los usuarios residenciales, jubilados, trabajadores, comercios, instituciones y sectores productivos.

Pedido de datos sobre el impacto

Además, la concejal radical solicitó que el Ejecutivo informe al Concejo Deliberante qué medidas administrativas o judiciales adopta en caso de avanzar con el planteo.

El proyecto incorpora también un pedido dirigido a Grupo Servicio Junín S.A. para conocer la cantidad de hogares y usuarios del distrito que resultarían afectados por las modificaciones de la Zona Fría y una estimación del monto o tarifa promedio que deberían afrontar a partir de la reducción del beneficio.

Según los datos incluidos en la iniciativa, alrededor de 28.480 usuarios de Junín se encuentran actualmente alcanzados por el régimen, mientras que unos 24.500 hogares podrían perder el beneficio. El propio proyecto aclara que estas cifras deberán ser corroboradas por los organismos competentes.

D’Andrea también incorpora una estimación según la cual el sobrecosto para los hogares de Junín durante el mes de mayor consumo invernal podría superar los $622 millones, aunque el proyecto señala que ese cálculo también deberá ser verificado oficialmente.

El argumento de la UCR

Entre los fundamentos, la concejal plantea que la Zona Fría fue creada para contemplar las diferencias climáticas entre las distintas regiones y su impacto sobre el consumo energético.

En ese sentido, cuestiona que el nuevo esquema reemplace el criterio territorial por un sistema de subsidios focalizados y sostiene que las condiciones climáticas de localidades del interior bonaerense deberían ser consideradas al momento de definir la política tarifaria.

El proyecto también advierte que el impacto no se limitaría a los hogares, ya que un aumento de los costos energéticos podría trasladarse a comercios, pequeñas empresas y otras actividades productivas de Junín.

La propuesta de D’Andrea busca así que el Municipio tenga una participación institucional frente al cambio en el régimen y que el Concejo cuente con información oficial sobre la cantidad de usuarios alcanzados y el impacto económico que tendría la eliminación del beneficio en la ciudad.