La polémica por la fiscalización de los fondos públicos y el acceso a la información en el distrito de Leandro N. Alem sumó un nuevo capítulo. La concejal del bloque La Libertad Avanza, Mariela Aramburu, volvió a ratificar las denuncias que viene sosteniendo la oposición contra la gestión del intendente Carlos Ferraris por la opacidad en el manejo de licitaciones, compras directas y la falta de datos oficiales abiertos a la comunidad.

Un pliego de 150 millones con único oferente y dudas sobre la cooperativa

El eje central del reclamo actual gira en torno a la adjudicación de una obra de infraestructura escolar en la localidad de Juan Bautista Alberdi por un monto cercano a los 150 millones de pesos (destinados a la construcción de dos aulas y la ampliación del Centro de Educación Física N.° 51).

"Cuando el pliego ingresa al Concejo Deliberante nos encontramos con que hay un único oferente, en este caso una cooperativa. Desde la oposición pedimos conformar una comisión para revisar detalladamente en qué condiciones estaban los papeles y la personería de dicha entidad, pero el oficialismo avanzó y lo aprobó por mayoría prometiendo una reunión posterior a la que nunca nos dieron acceso", explicó Aramburu.

Según reveló la edil de La Libertad Avanza, tras consultas realizadas a nivel nacional, detectaron que la cooperativa favorecida venía de estar sancionada por la falta de presentación de balances y papeles reglamentarios, habiéndose reactivado administrativamente ante la AFIP recién en febrero de este año: "Queremos saber quiénes la integran, si cumple los requisitos de ley y si fue creada o reflotada adrede para recibir contrataciones directas del Municipio".

Incumplimiento de la clave RAFAM y opacidad institucional

Aramburu remarcó que Leandro N. Alem figura de manera reiterada en los índices como uno de los distritos menos transparentes de la provincia de Buenos Aires, al no contar con un portal de datos abiertos ni publicar de forma periódica las declaraciones juradas de funcionarios, escalas salariales o resoluciones.

Asimismo, la concejal liberal denunció la violación de la normativa vigente que obliga al Ejecutivo local a habilitar a los ediles el acceso al sistema informático de administración financiera:

"En el año 2022 aprobamos por unanimidad una ordenanza que obliga al Intendente a entregarnos el usuario y la clave del sistema RAFAM para auditar los gastos en tiempo real. Hasta el día de hoy nunca nos la otorgaron. El único momento en que vemos números es durante la Rendición de Cuentas, cuando nos entregan una montaña de papeles con solo 15 o 20 días para revisar todo un año de gestión", señaló la concejal de La Libertad Avanza en declaraciones a Canal 10 de Junín.

Críticas al Tribunal de Cuentas y retraso de la Justicia

En el tramo final de la entrevista, Aramburu cargó contra el rol del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, al considerar que los controles sobre las comunas son meramente formales y tardíos:

"No puede ser que el Tribunal de Cuentas funcione con dos años de atraso, aplicando multas irrisorias a los funcionarios cuando las gestiones ya terminaron. Planteé formalmente a los senadores bonaerenses que hay que modificar el sistema: las sanciones y las consecuencias legales por la malversación o el manejo irresponsable de los recursos del pueblo deben caer de forma directa sobre los políticos responsables", concluyó.