El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, defendió la actuación del Municipio en la ruta provincial 50 durante la emergencia hídrica del año pasado y sostuvo que el reemplazo de tres alcantarillas fue una intervención necesaria para garantizar la transitabilidad del camino.

La explicación se produjo luego de que la empresa CALEMA, propietaria de la estancia Cuarto Creciente, presentara una denuncia por la presunta inundación de su campo a raíz de esos trabajos. Frente a ese planteo, el Ejecutivo local fundamentó la decisión en la necesidad de mantener la conexión vial en un contexto de inundaciones.

Según detalló Stadnik durante una conferencia de prensa, las tareas se realizaron en un tramo de tierra y consistieron en sustituir alcantarillas antiguas por nuevas, con caños provistos por la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires.

“Si nosotros no reemplazábamos esas alcantarillas, nos cortaba el camino”, afirmó el jefe comunal, al explicar que la prioridad era evitar que la ruta quedara interrumpida y que varias localidades perdieran la conexión.

Mantenimiento vial, no una obra hidráulica

Uno de los argumentos centrales del Municipio fue la distinción entre las tareas de mantenimiento de los caminos, que corresponden a la administración local, y la ejecución de obras hidráulicas, cuya competencia atribuyó a la Provincia.

En esa línea, Juliana Cuesta, integrante del área de Legales municipal, sostuvo que la controversia parte de una confusión entre ambos tipos de intervención.

“El problema está en que no discriminan la tarea de mantenimiento que corre por cuenta de la Municipalidad y otra cosa distinta es la realización de obras hidráulicas que es de injerencia provincial. Se confunde eso y se genera este tipo de situaciones”, señaló.

Stadnik explicó que el agua que circula por ese sector proviene de un curso natural vinculado a la ruta 86, en la zona de Henderson. De todos modos, indicó que el Municipio ya se comunicó con la Dirección Provincial de Hidráulica para solicitar que evalúe si la ubicación de la alcantarilla es la adecuada.

El intendente también cuestionó el requerimiento de un estudio técnico que, según expuso, demandaría analizar toda la cuenca y contratar a un ingeniero hidráulico para evaluar una alcantarilla que ya se encontraba instalada.

Uso político de la denuncia

Además de defender el criterio técnico de la intervención, el jefe comunal apuntó contra la oposición local por el tratamiento público del caso. Sostuvo que los concejales deberían haberse acercado al Ejecutivo para consultar sobre lo ocurrido antes de difundir cuestionamientos.

“Esta denuncia no va a prosperar. El partido opositor local hace uso político de esto, pero ni siquiera se informan”, afirmó. Y agregó: “No me gusta que mientan y tergiversen, se puede hacer política opositora de otra manera”.

De esta manera, el Gobierno municipal ratificó la decisión tomada durante la emergencia y defendió que el recambio de alcantarillas respondió a una necesidad de mantenimiento y conectividad, no a una intervención hidráulica. La denuncia de CALEMA, que plantea un presunto perjuicio sobre su establecimiento rural, mantiene abierta la controversia sobre los efectos de los trabajos y las responsabilidades involucradas.