En septiembre, los argentinos cargaron 1.403.856 m³ de combustible. Traducido: 46,8 millones de litros por día. Un país que se mueve a nafta y gasoil, y que paga por moverse.

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), creado por la Ley 23.966 (sancionada en 1991) con destino para infraestructura de transporte, fideicomiso de infraestructura hídrica, provincias, etc., dejó de ser un impuesto para convertirse en una máquina de recaudación.

Hoy, de cada litro de gas oíl de $2.571, $264 son ICL mas el impuesto al dióxido de carbono. El 11 % del precio. En noviembre de 2023 era el 8,9%.

La cuenta nacional es brutal: a un promedio conservador de $ 264 por litro entre nafta y gasoil, los argentinos pagamos $12.355 millones por día, $37.065 millones por mes y $4,44 billones al año solo por este tributo.

Mientras tanto, el consumo cae. Entre enero y agosto de 2026 se vendió 2% menos que en 2025 y casi 10% menos que en 2023. La gente carga menos porque no le alcanza, pero paga más impuesto por litro.

¿Y la contrapartida? El 28,58% del ICL debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó solo el 32,7% de esos fondos. La recaudación real del impuesto creció 91% desde 2023. El gasto real en vialidad se desplomó 82,3%. No es un problema de falta de recursos. Es un problema de prioridades.

Pagar más para tener las mismas rutas rotas, banquinas sin mantenimiento, yuyales generalizados, los mismos pozos en las distintas rutas, no es política económica. Es un saqueo legalizado al bolsillo del que produce, del que viaja trabajar, del que lleva a sus hijos a la escuela.

El campo, el transporte, el remisero, el docente y el trabajador todos pagan lo mismo. Y nadie les devuelve en asfalto lo que les sacan en el surtidor.