Axel Kicillof sumó un incentivo para los intendentes bonaerenses en una de las negociaciones políticas más exigentes que tendrá por delante su gobierno: la aprobación del endeudamiento por USD 1.000 millones solicitado a la Legislatura para 2027. El proyecto contempla destinar el 8% de los recursos que se obtengan de esas operaciones a un fondo municipal de seguridad, con una asignación estimada en $124.000 millones para los 135 distritos.

La decisión incorpora a los gobiernos locales en la discusión por el financiamiento provincial. Para conseguir la autorización de la deuda, el oficialismo necesita reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras, lo que obliga a abrir conversaciones con los bloques opositores. En ese escenario, el fondo para los municipios aparece como una herramienta para ampliar los respaldos, al poner sobre la mesa recursos que tendrán un impacto directo en las administraciones locales.

La propuesta establece que el dinero se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mismo índice utilizado para el reparto de la coparticipación. No se trata de una transferencia de libre disponibilidad: los fondos tendrán como destino específico la compra de equipamiento y el desarrollo de infraestructura vinculada con la seguridad.

Además, su disponibilidad estará condicionada a la aprobación del endeudamiento y al ingreso efectivo de los recursos provenientes de las operaciones de financiamiento. Es decir, los municipios tendrán asignada una participación en el fondo, pero deberán esperar a que se concrete el esquema financiero provincial para recibir las partidas.

La discusión en la cuarta sección

En la Cuarta Sección Electoral, la iniciativa tiene una dimensión política particular por la diversidad de pertenencias partidarias de sus 19 intendentes. Fuerza Patria concentra diez gobiernos locales, la UCR cinco, el PRO dos y los espacios vecinalistas otros dos. La Libertad Avanza, por el momento, no cuenta con intendencias propias en la región.

Dentro del peronismo también hay distintas terminales políticas. Seis intendentes están vinculados al Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, tres al Frente Renovador y uno a La Cámpora. Esa composición implica que el gobernador deberá administrar también las diferencias internas de su propio espacio a la hora de construir respaldos.

Pero el alcance del fondo excede al oficialismo. Los cinco intendentes radicales —Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Franco Flexas (General Viamonte), Salvador Serenal (Lincoln) y Erica Revilla (General Arenales)— también tendrán una asignación, al igual que Juan Fiorini, en Junín, y María José Gentile, en Nueve de Julio, ambos del PRO.

En esos distritos, como en el resto de la provincia, el reparto por CUD garantiza una participación independientemente del signo político del gobierno municipal. Esto puede abrir un canal de diálogo entre la Gobernación y jefes comunales opositores, que tienen necesidades presupuestarias propias y deberán evaluar el impacto del fondo en sus cuentas.

La discusión también se cruza con el escenario político de 2027. En la región, las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, las diferencias internas del radicalismo y la convivencia de distintas corrientes dentro de Fuerza Patria forman parte de un tablero en movimiento. La negociación por el endeudamiento agrega ahora un tema concreto a esa agenda.

El fondo, por lo tanto, no sólo representa una partida para financiar políticas de seguridad. También constituye una pieza de la negociación que Kicillof deberá sostener con intendentes y legisladores para conseguir la autorización de deuda. La incógnita será cuánto puede pesar ese incentivo en los posicionamientos de los distintos espacios y si los recursos municipales ayudan a destrabar una discusión legislativa que requiere mayorías especiales.