viernes 13 de noviembre de 2026 - Edición Nº5283

Regionales | 13 Nov

ALARMA AMBIENTAL

El radicalismo denunció graves irregularidades en el basural de Carlos Casares

08:01 |Integrantes del radicalismo local constataron residuos volcados a cielo abierto, desechos flotando cerca del canal Mercante y bidones de agroquímicos en el predio donde el Municipio trasladó la basura del CEPROCC. Tras admitirse por escrito las fallas administrativas, presentaron tres nuevas presentaciones ante organismos provinciales.


La UCR casarense constató residuos sin ningún tratamiento, basura flotando en el agua y bidones de agroquímicos en el predio adonde el Municipio trasladó la basura del CEPROCC. El propio Municipio y la Provincia reconocieron irregularidades por escrito.

Integrantes de la Unión Cívica Radical de Carlos Casares recorrieron el viernes 6 de noviembre el predio de disposición final de Gobernador Arias, ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad, y describieron un panorama alarmante. Encontraron montañas de residuos volcados a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamiento y sin cerco perimetral, basura flotando en un cuerpo de agua a metros del canal Mercante y bidones de agroquímicos abandonados entre los desechos. Todo quedó registrado en fotos y videos.

Allí termina hoy la basura que antes se acumulaba en el CEPROCC, el centro de procesamiento de residuos de la ciudad, cuya situación el radicalismo había denunciado en junio ante el Ministerio de Ambiente bonaerense. “El Municipio lo llama relleno sanitario”, ironizaron desde el partido.

Irregularidades reconocidas por escrito

Según la UCR, las respuestas oficiales a aquella denuncia terminaron confirmando las irregularidades. En un informe del 13 de octubre, el propio Municipio admitió que en el CEPROCC se había formado un basural a cielo abierto y explicó que la solución fue trasladar los residuos a Gobernador Arias. “El problema no se resolvió, simplemente se mudó”, resumieron.

De las providencias del Ministerio de Ambiente y de los registros provinciales surge, además, que:

- El CEPROCC funciona con la inscripción y el permiso de uso vencidos desde el 15 de julio de 2025, y el Municipio todavía está tramitando la renovación.

- Aun cuando estaba vigente, esa inscripción solo lo habilitaba a separar y clasificar residuos secos reciclables, con un acopio máximo de 31,5 toneladas por mes, y no a funcionar como basural ni como zona de transferencia.

- El plan de gestión integral de residuos, que la ley provincial exige desde 2006, sigue sin aprobarse ocho años después de la etapa previa. La Provincia le aprobó al Municipio el Plan Básico Preliminar en 2018 y recién el 24 de agosto de 2026, dos meses después de la denuncia, se presentaron avances del plan definitivo.

- El 11 de septiembre, con la denuncia ya en curso, el Municipio presentó la codificación de los residuos que recibirá el CEPROCC.

Pese a todo, el 5 de noviembre el Ministerio de Ambiente dio por cerrado el pedido de información, anunció un relevamiento sin fecha y sostuvo que el cierre del basural le corresponde al Municipio. Según la UCR, en casi cinco meses la Provincia no realizó una sola inspección.

“Pudieron cambiar el sentido de una avenida, pero la basura de todo Casares sigue sin ningún tratamiento. La tiran a cielo abierto, al lado del agua, y encima le dicen relleno sanitario”, señalaron desde la UCR de Carlos Casares. “Cuando empezamos, varios funcionarios se ofendieron porque les pedimos que cumplan con su trabajo. Hoy el Municipio y la Provincia reconocen las irregularidades por escrito. El tiempo nos dio la razón”, agregaron.

Tres nuevas denuncias en marcha

El pasado 7 de noviembre, el radicalismo local amplió la denuncia ante el Ministerio de Ambiente para incluir el predio de Gobernador Arias. Pidió una inspección urgente, toma de muestras y medidas preventivas, y recurrió la providencia con la que la Provincia se desentendió del problema.

Además, denunció ante la Autoridad del Agua los residuos en el agua y la posible contaminación del canal Mercante, y presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia por la falta de control del Ministerio de Ambiente.

Al Ministerio y a la Autoridad del Agua se les dio un plazo de cinco días hábiles para inspeccionar el predio.

 

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