La reciente difusión pública de una reunión encabezada por el intendente de Junín con la participación de jueces y fiscales del Departamento Judicial local, merece una reflexión que trasciende la circunstancia política, sus protagonistas y las eventuales buenas intenciones que pudieran haber inspirado el encuentro.

No se trata de cuestionar el diálogo entre instituciones del Estado, ni de desconocer la importancia de articular esfuerzos para enfrentar problemáticas sociales tan sensibles como la inseguridad, la reincidencia delictiva o las adicciones. Se trata de algo bastante más profundo: el respeto por la división de poderes, la independencia de la Justicia y la necesidad de preservar, frente a la sociedad, la apariencia de absoluta imparcialidad de quienes tienen la delicada responsabilidad de administrar justicia.

La Constitución Nacional no estableció la división de poderes como una mera distribución administrativa de funciones. La concibió como uno de los pilares fundamentales de la organización republicana, precisamente para evitar que el ejercicio del poder se concentre, que las funciones institucionales se confundan y que los derechos individuales queden sometidos a intereses ajenos a la ley.

En ese contexto, las imágenes difundidas y las manifestaciones públicas que acompañaron el encuentro generan interrogantes que merecen ser planteados con responsabilidad institucional.

El intendente expresó públicamente que se habían definido acciones concretas para enfrentar la reincidencia y coordinar esfuerzos frente a determinadas problemáticas vinculadas con la seguridad.

La pregunta resulta inevitable: ¿qué significa, exactamente, que el poder político defina acciones en una reunión con quienes tienen la responsabilidad de investigar, acusar y juzgar?

La respuesta no es indiferente para el funcionamiento de nuestras instituciones.

Naturalmente, un municipio puede proporcionar recursos tecnológicos, colaborar con las fuerzas de seguridad, facilitar información y desarrollar políticas públicas de prevención. Tales actividades integran el ámbito legítimo de la gestión gubernamental.

Pero existe una diferencia sustancial entre facilitar medios para que la Justicia cumpla sus funciones y participar, directa o indirectamente, en la definición de los criterios que deben orientar su actuación.

Los jueces no administran políticas de seguridad. Administran justicia.

Los fiscales no están llamados a satisfacer las expectativas de una gestión política. Deben promover la actuación de la ley, investigar con objetividad y respetar las garantías constitucionales de todas las personas involucradas en un proceso penal.

Y los funcionarios políticos, por legítima que resulte su preocupación por la seguridad ciudadana, no pueden trasladar sus prioridades de gestión al ámbito de las decisiones jurisdiccionales.

Esta delimitación no constituye un obstáculo para la cooperación institucional. Es, precisamente, la condición que permite que esa cooperación se desarrolle dentro de los límites republicanos.

No es ninguna novedad que la política haya atravesado históricamente distintos espacios de la administración de justicia. Negarlo sería desconocer una realidad que, con mayor o menor intensidad, forma parte de nuestra experiencia institucional.

Sin embargo, esa circunstancia no debe conducirnos a naturalizar relaciones que puedan generar dudas sobre la independencia de quienes tienen la obligación de resolver conflictos con estricta sujeción al derecho.

Mucho menos cuando esas relaciones se exteriorizan públicamente mediante fotografías, comunicados y declaraciones que pueden transmitir la imagen de una Justicia integrada a una determinada agenda política.

Aquí aparece una cuestión particularmente sensible: la independencia judicial no se agota en la inexistencia de órdenes o presiones explícitas.

La Justicia no solamente debe ser independiente; también debe parecerlo.

La confianza ciudadana exige que cualquier persona sometida a un proceso judicial pueda tener la certeza de que su situación será examinada exclusivamente sobre la base de la prueba, la ley y las garantías constitucionales, sin interferencias provenientes del poder político ni condicionamientos derivados del impacto social de una decisión.

El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Esa garantía no representa un privilegio de los magistrados, sino un derecho fundamental de los ciudadanos.

En idéntica dirección, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial destacan la independencia y la imparcialidad como valores esenciales de la función jurisdiccional, comprendiendo no solamente su efectiva preservación, sino también la confianza pública que debe inspirar el comportamiento de los magistrados.

Por ello, aun cuando una reunión institucional no permita presumir, por sí sola, la existencia de una interferencia indebida, su exposición pública y los términos en que se comunican sus conclusiones pueden resultar institucionalmente inconvenientes.

La preocupación se profundiza cuando se advierte que la Justicia atraviesa una persistente crisis de credibilidad, alimentada por cuestionamientos sobre su funcionamiento, sus tiempos de respuesta, sus criterios de actuación y, en determinadas circunstancias, su permeabilidad frente a intereses políticos o sectoriales.

En semejante escenario, resulta indispensable que sus integrantes extremen la prudencia en sus relaciones institucionales.

No alcanza con proclamar independencia. Es necesario preservarla mediante conductas que no dejen margen razonable para sospechar compromisos, alineamientos o subordinaciones incompatibles con la función judicial.

También debe recordarse que la persecución penal tiene límites infranqueables. El legítimo reclamo social de seguridad no puede transformarse en un mandato implícito de endurecimiento judicial, de restricción de libertades o de adopción de decisiones destinadas a satisfacer expectativas públicas.

La función de un juez no consiste en acompañar una política de seguridad, sino en controlar, cuando corresponda, que su ejecución respete la Constitución y las leyes.

Precisamente allí reside su independencia: en la posibilidad y el deber de resolver incluso en contra de las expectativas del gobierno, de la opinión pública o de cualquier otro factor de presión.

La misma reflexión alcanza, con las particularidades propias de su función, al Ministerio Público Fiscal, cuya actuación debe responder a los principios de legalidad y objetividad, no a compromisos políticos circunstanciales.

Existe, además, otro aspecto que merece consideración. Si las prioridades de persecución del delito se presentan como el resultado de reuniones entre funcionarios políticos y determinados integrantes del sistema judicial, ¿qué lugar ocupa en esa construcción institucional la defensa, cuya intervención constituye una garantía esencial del proceso penal?

No se pretende equiparar funciones que son jurídicamente diferentes ni exigir que toda reunión técnica de seguridad incluya a todos los operadores judiciales. Se procura advertir que la política criminal no puede confundirse con la administración de justicia ni con la búsqueda de resultados procesales predeterminados.

La eficacia del sistema penal no puede medirse exclusivamente por el número de detenciones, acusaciones o condenas. También debe evaluarse por su capacidad para respetar los derechos y garantías de quienes son sometidos a su intervención.

Una Justicia independiente puede absolver cuando la prueba no alcanza, disponer una libertad cuando la ley lo exige o desestimar una acusación cuando carece de fundamento suficiente, aun cuando esas decisiones resulten impopulares.

Esa independencia es la que debe resguardarse frente a cualquier intento, real o aparente, de confundir las responsabilidades políticas con las jurisdiccionales.

La fotografía de una reunión institucional, aisladamente considerada, no demuestra una irregularidad. Tampoco autoriza a cuestionar la honorabilidad de quienes participaron en ella.

Pero su difusión, acompañada de expresiones acerca de la definición conjunta de acciones en materia de seguridad y reincidencia, invita a reflexionar sobre los cuidados que exige el ejercicio de la función pública.

Porque las formas también importan en una República.

Y porque quienes ejercen responsabilidades institucionales no solamente deben respetar los límites de sus competencias, sino evitar comportamientos que puedan desdibujarlos ante la sociedad.

La política debe ocuparse de gobernar. La Justicia debe ocuparse de juzgar. El Ministerio Público debe cumplir sus funciones constitucionales y legales con autonomía y objetividad.

Pueden y deben existir mecanismos de cooperación, pero jamás al precio de confundir responsabilidades o comprometer la confianza ciudadana en la independencia de las decisiones judiciales.

La división de poderes no es una formalidad constitucional que pueda relativizarse por razones de oportunidad o conveniencia. Es una garantía esencial de la libertad.

Y cuando una sociedad comienza a percibir que quienes gobiernan, investigan y juzgan actúan bajo una misma lógica de prioridades, el problema deja de ser meramente institucional para convertirse en una cuestión de legitimidad democrática.

La confianza pública en la Justicia es demasiado importante como para exponerla innecesariamente.

Preservarla exige independencia real, prudencia institucional y, fundamentalmente, una clara conciencia del lugar que cada poder ocupa dentro de la República.

Porque una Justicia que aparece demasiado cerca del poder político corre el riesgo de terminar demasiado lejos del ciudadano.