lunes 16 de noviembre de 2026 - Edición Nº5286

Regionales | 16 Nov

Opinión

El territorio no se piensa en abstracto

14:26 |Por Abog. Rocio Picapietra, para Infonoroeste. Abogada del Niño Diplomada en Niñez y adolescencia.


Frente al incremento de la conflictividad penal juvenil, resulta necesario preguntarse desde dónde y con quiénes se construyen las respuestas institucionales, fundamentalmente porque existe una distancia entre lo que se piensa en los espacios de decisión y lo que se vivencia cotidianamente en el territorio.

Si bien la articulación entre los distintos poderes del Estado es necesaria, resulta insuficiente cuando en la construcción de estrategias de intervención se prescinde de aquellos actores que conocen, acompañan e intervienen sobre esas realidades: las organizaciones sociales, los referentes comunitarios y los espacios de contención que trabajan diariamente con nuestras adolescencias.

Hablar de territorialidad implica no solo conocer una problemática, sino también descentralizar las instituciones, generar espacios de proximidad, fortalecer los entramados comunitarios existentes y conveniar con los dispositivos adecuados a fin de garantizar intervenciones sostenidas en el tiempo.

Organizar mesas selectas para continuar hablando de lo mismo y seguir pensando el territorio en abstracto, en lugar de propiciar un abordaje efectivo sobre él, no es más que alimentar una ilusión de compromiso institucional.

Ahora bien, pretender reducir los niveles de conflictividad penal juvenil mediante el endurecimiento de las respuestas punitivas implica, además, confundir las distintas esferas de intervención estatal. La prevención, en aquello que es resorte del Poder Ejecutivo, debe materializarse mediante políticas públicas de inclusión y abordaje territorial, y no bajo la amenaza del ejercicio del poder punitivo del Estado.

No se trata de desconocer la responsabilidad penal de nuestras adolescencias, sino de advertir que, mientras que la intervención del sistema de justicia penal se activa, por regla general, a partir de la notitia criminis, el Estado, en su faz de promoción y protección integral de derechos, tiene la obligación de intervenir con carácter previo, permanente y sostenido.

Pretender que la respuesta jurisdiccional penal supla las insuficiencias de las políticas públicas cuyo diseño y ejecución competen al Poder Ejecutivo no hace más que desnaturalizar las funciones de ambos poderes. El derecho penal es de última ratio. Las políticas públicas de promoción y protección de derechos no pueden serlo.

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